Leopoldo Sánchez Grunert.
Médico Veterinario
Finalizado el período eleccionario que ha reelegido a Sebastián Piñera, flotan en el ambiente tanto en la coalición que lo llevó a triunfar como en la de su contendor, propuestas interesantes y necesarias que el gobierno que asume el 11 de marzo próximo pudiera impulsar tanto por las repercusiones positivas a nivel país como específicamente para el sector rural y que aparentemente concitan un importante consenso ciudadano.
La Sustentabilidad Ambiental
Es un concepto quizás demasiado manoseado desconociendo muchas veces su verdadero significado. No puede plantearse como un dilema frente al desarrollo, sino como uno de sus elementos. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, estamos pensando en un crecimiento económico con equidad social, con preservación y cuidado de los recursos naturales y su biodiversidad.
Chile ha logrado crecimiento económico, pero alcanzar un desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno, requiere la generación de alianzas entre la ciudadanía, empresas privadas y el Estado, que se transformen en políticas de Estado, que aseguren el desarrollo integrado de nuestro país.
El perfeccionamiento para el fortalecimiento e integración de la institucionalidad ambiental debiera traducirse en el próximo período en
- La puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el que debiera tener como objetivo la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas.
Es importante proteger la biodiversidad y los ecosistemas - Fortalecer los Planes de Descontaminación Ambiental y la generación de nuevos planes en comunas con problemas de calidad del aire, como Coyhaique, Temuco, Santiago, por citar ciudades emblemáticas.
- Fomento a la producción limpia tanto en las instituciones del Estado como en las del sector privado. Quizás si organizaciones al estilo de una corporación, similar a lo que CORFO realiza en el ámbito productivo pueda ser una buena alternativa.
- Generar políticas de educación acerca de los efectos y consecuencias del cambio climático, reforzando las mallas curriculares en establecimientos de educación básica media y superior.
- Generar políticas claras y efectivas en relación al ordenamiento territorial, cuidando los suelos de vocación agropecuaria, no olvidemos el desafío de «Chile Potencia Agropecuaria y Forestal».
- La idea de crear un Instituto del Agua que aborde con criterio científico los riesgos para la gestión de los recursos hídricos tiene hoy, plena justificación.
El Código del Agua debe garantizar el uso sustentable del recurso, priorizando su disponibilidad para bebida y usos sanitarios, velando por la compatibilidad entre actividad productiva y protección del derecho al acceso al agua para las futuras generaciones. El Estado debe contar con los instrumentos necesarios para proteger el recurso, evitar la especulación y garantizar la equidad en su distribución.
Por ello, resulta indispensable mejorar la infraestructura de agua potable para el mundo rural, desarrollando sistemas de agua potable donde sea necesario, así como rehabilitar los embalses de la ex Corporación de la Reforma Agraria (CORA), desarrollando proyectos integrales para cuencas. (El tema cuencas da vueltas por casi 30 años).
El cambio climático es un problema real, ético y moral. Las estrategias para enfrentar el cambio climático apuntan a la mitigación (limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros de los mismos) y la adaptación (el ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes).
Entre las principales medidas de mitigación, resulta primordial el término gradual de las quemas agrícolas y la lucha por reducir la superficie afectada de bosques, praderas y matorrales por incendios forestales. Para ello se debiera generar una prevención focalizada en aquellas zonas de alto riesgo de ocurrencia y reestudiar las ubicaciones de las brigadas contra incendios de CONAF, así como dotar, coordinar y capacitar brigadas municipales o privadas encargadas de un primer ataque rápido, esencial para disminuir el daño.
También resulta imprescindible llevar adelante los compromisos del Acuerdo de París, contraídos por el Estado de Chile, en cuanto a forestar 100.000 hectáreas nuevas en el próximo lustro. Lo anterior exige contar, con una legislación que efectivamente incentive el establecimiento de nuevas plantaciones, idealmente de especies nativas, lo que no ha ocurrido con la legislación vigente.
Resulta interesante proponer una ambiciosa campaña de arborización urbana con especies autóctonas y ornamentales, (los alcaldes debieran liderar esto) que implique crear áreas verdes, sobre todo en los sectores más vulnerables en las principales ciudades de Chile que carecen de arbolado, bajo el concepto de «adopción», donde cada familia recibe un árbol y se compromete a cuidarlo como si fuera un miembro más del grupo familiar.
Chile debiera convertirse en el mediano plazo, dadas sus ventajas naturales en el principal productor de energías no convencionales (ERNC) del mundo. La propuesta para el próximo gobierno es facilitar la ejecución de una nueva matriz energética, que implique alcanzar el 30% de la matriz nacional en el ERNC al 2030 y 45% si se obtiene acceso a fondos internacionales.
No tengo duda de que varias de esas propuestas, algunas igual a lo aquí expuesto, y otras, con algún matiz diferente, si se quiere realmente enfrentar los grandes desafíos que implica el desarrollo sustentable, serán una realidad.
